El 6 de abril el presidente Donal Trump firmó un memorando de 3 hojas donde exige frenar la puesta en libertad de personas indocumentadas que están a la espera de audiencias en los tribunales, ampliar los centros de detención, e incluso si es necesario utilizar las instalaciones militares para la detención de inmigrantes indocumentados.
Estas medidas contribuyen a terminar con la práctica migratoria “atrapar y soltar” o en inglés: “catch and reléase”
La política de “Atrapar y liberar” consiste en arrestar migrantes ilegales, procesarlos y liberarlos en territorio estadounidense ordenándoles que regresen para la deportación a su país de origen. La mayoría de estos migrantes ilegales jamás se vuelve a presentar a las audiencias, las cuales pueden realizarse hasta años más tarde.
Según Trump este procedimiento tan benevolente es aprovechado por los contrabandistas e inmigrantes para colarse en los Estados Unidos.
Como consecuencia a este memorándum se dará la detención prolongada de inmigrantes indocumentados, que con seguridad provocará litigios en los tribunales.
El memorándum indica que en un plazo de 60 días, el DHS y el Departamento de Estado deberán entregar un informe detallando todas las medidas, incluso las diplomáticas, y sanciones, para castigar a países que se nieguen a aceptar “de forma expedita” la repatriación de sus ciudadanos.
También pide que se agilicen las peticiones de asilo, para asegurar que los inmigrantes no están aprovechando las leyes de asilo o libertad condicional para evitar la deportación.
El fiscal general, Jeff Sessions, ordenó a los fiscales en la frontera sur a enjuiciar a los detenidos en la frontera e impuso una cuota a los jueces de inmigración de al menos 700 casos al año, para agilizar las deportaciones.
“La seguridad del pueblo estadounidense es la máxima prioridad del presidente, y mantendrá su promesa de proteger a nuestro país y garantizar que se respeten nuestras leyes”, argumentó la secretaria de prensa de la Casa Blanca.
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