El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, “USCIS”, anunció que hará efectiva la Regla de Carga Pública final el 23 de diciembre de 2022.
Esto coincide con el anuncio previo del gobierno en marzo de 2021, de que eliminaría la regla de la era Trump impuesta en 2019, volviendo a la guía de carga pública de 1999 e implementando una regla formal posterior que ahora es la regla que entrará en vigencia en diciembre de 2023.
Hasta entonces, USCIS continuará siguiendo la política de carga pública anterior de larga data, la “guía de campo” de 1999.
Según la política actual y la nueva regla una vez que entre en vigencia, es seguro para los inmigrantes y sus familias que buscan obtener la residencia permanente usar los programas de salud, nutrición, vivienda y otros servicios vitales para los que califican, anulando así la regla de Trump quien consideraba que todos los beneficios gubernamentales no monetarios se entendían como una carga pública.
Solo aquellos que se vuelvan totalmente dependientes de la asistencia económica del gobierno para subsistir podrían ser denegados por carga pública.
La prueba de carga pública solo se aplica a algunos programas y algunos inmigrantes:
1). Nunca se aplica a los ciudadanos estadounidenses, incluidos los hijos de inmigrantes.
2). Tampoco se aplica a la mayoría de las personas con tarjeta verde, asilados, refugiados, personas con visas U, visas T, VAWA y muchos otros.
3). Tampoco a personas que solicitan o reciben asilo, estatus de refugiado o TPS; menores inmigrantes especiales; y titulares de visas especiales de inmigrantes afganos o iraquíes.
Los puntos destacados de la nueva regla de carga pública incluyen:
a). El uso de programas públicos por parte de un miembro de la familia que no sea el solicitante no puede afectar sus futuras solicitudes de inmigración.
b). Los servicios de prueba, tratamiento y prevención del COVID-19, incluidas las vacunas o pruebas de enfermedades transmisibles no forman parte de la carga pública.
c).Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP);
d). Los pagos de ayuda por la pandemia (cheques de estímulo) tampoco son parte de la carga pública.
e). El uso de programas de salud, nutrición, vivienda y bonos de transporte entre otros no se pueden considerar en la prueba de carga pública.
f). Beneficios suplementarios o de propósito especial.