Han pasado seis meses desde que el presidente de EE.UU. Donald Trump decidió poner fin al programa DACA que protegía de la deportación a los jóvenes inmigrantes indocumentados que habían llegado a Estados Unidos cuando eran niños.
El 5 de marzo fue concebido originalmente por Trump como una fecha límite para que el Congreso encontrara una solución legislativa para proteger a los miles de jóvenes, pero aún no hay solución.
La fecha también significaba que el Departamento de Seguridad Nacional ya no renovaría más permisos de DACA, terminando oficialmente el programa el cual fue implementado en junio del 2012 por el presidente Barack Obama.
Sin embargo varios jueces federales han podido bloquear temporalmente la decisión del presidente de terminar con el programa y han ordenado al Departamento de Seguridad Nacional a continuar renovando los permisos de DACA hasta nuevo aviso.
Los defensores del DACA utilizaron el plazo del lunes para intensificar la presión sobre la Casa Blanca y el Congreso para que haya una protección permanente.
En enero, el presidente propuso otorgar la naturalización a 1,8 millones de inmigrantes como parte de un paquete de reformas migratorias que incluía 25.000 millones de dólares para la construcción de un muro y otras medidas de seguridad fronteriza, además de fuertes recortes a la migración legal. El Senado rechazó el plan.
Activistas migratorios y sus aliados en el Congreso quieren una propuesta más concreta que proteja a los beneficiarios del DACA, pero el gobierno se resiste.
Trump ha culpado en repetidas ocasiones a los demócratas por el estancamiento, mientras que éstos aseguran que el presidente creó el problema al cancelar el DACA.
Stephen W. Yale-Loehr, profesor de derecho de la Universidad Cornell, dice que el rechazo de la Corte Suprema a intervenir “coloca nuevamente al programa DACA en las manos del Congreso”.
“El 5 de marzo se conoce como el día en que el Congreso le fallo a los Dreamer” dicen los activistas del DACA.