Su nombre viene de los años 1980 cuando numerosas iglesias en California acogieron refugiados de las guerras civiles de Centroamérica a los que no les daba asilo en ninguna otra parte.
Se llaman así las ciudades en Estados Unidos que ponen en práctica políticas para limitar su colaboración con las autoridades federales de inmigración.
Esta falta de colaboración se refleja en:
La prohibición para que un funcionario público municipal pregunte sobre el estatus migratorio de una persona, también es común no compartir información sobre datos en los que conste la situación del indocumentado.
Tampoco se cumple con los pedidos de arresto por parte de inmigración a una persona que solo tenga como delito estar indocumentada.
Si alguna persona es arrestada por no tener su condición legal para estar en Estados Unidos en las ciudades Santuario, es sin la colaboración de las autoridades locales.
En las ciudades santuario se protege a los inmigrantes y se adoptan legislaciones especiales para darles algunos beneficios como la licencia para conducir, becas estudiantiles y asesoría jurídica.
Nueva York, San Francisco, Seattle, Denver, Chicago y Filadelfia son unas de las ciudades que menos colaboran con el ICE y han prometido intensificar su lucha contra las leyes migratorias de Donald Trump, a pesar de los riesgos financieros que eso implica.
El presidente ha amenazado con cortar financiamiento federal a las municipalidades que se rehúsan a ser parte de la aplicación de leyes federales de inmigración. Sin embargo el pasado 21 de noviembre las ciudades santuario celebraron su victoria en la corte
“(El juez) ha reafirmado lo que siempre supimos: el intento del Gobierno de Trump de cortar las subvenciones es anticonstitucional y coercitivo”, aseguró.
Para algunas ciudades, como Washington, los fondos federales representan casi una tercera parte del presupuesto de la ciudad. El gobierno federal no podría recortar sino aquellas fondos relacionados con inmigración y el recorte no puede ser tal que ponga a la ciudad en crisis.