Deportación a indocumentados

La deportación a un inmigrante que está de forma ilegal en EE.UU. puede implicar un proceso judicial de meses e incluso años. Localizar a quienes tienen orden de deportación puede ser complicado.

Para que un procesos de deportación inicie, la persona involucrada debió haber violado las leyes de inmigración quedándose más tiempo del permitido o haber entrado ilegalmente al país.

Un inmigrante ilegal no está cometiendo una falta penal sino civil, por lo tanto puede solicitar los beneficios que le ofrece la ley para evitar la deportación, como regular su estatus, diferir la deportación o solicitar un asilo.

Este proceso deber ser acompañado por un abogado de inmigración para garantizar un buen resultado.

Hasta ahora se podía quedar en libertad bajo fianza pero con la finalización de la política de capturar y liberar, quienes sean arrestados son enviados a un centro de detención a la espera de la resolución de su caso.

La aplicación de esta nueva reforma dependerá en gran parte de la capacidad de reclusión y recursos económicos para mantener a las personas detenidas mientras dura el proceso.

Los inmigrantes que están en libertad condicional y pierden su juicio deben dejar el país, para lo cual está la opción de:

La salida voluntaria

El inmigrante se presenta ante las autoridades y gestiona su salida. La salida voluntaria tiene el beneficio de que la persona no recibe la prohibición de retorno al país.

Por el contrario, quienes estaban detenidos al tener antecedentes negativos con la justicia serán enviados de regreso a sus países de origen, pero no por ello el proceso es rápido.

Hay indocumentados que pueden pasar meses, en casos excepcionales años, en un centro de detención a la espera de que su juicio de inmigración y apelaciones concluyan y se dé su salida del país.

Aunque las nuevas reformas permiten a los agentes deportar a los indocumentados de una forma más rápida y sin necesidad de presentarlos ante un juez de inmigración. Estas son llamadas deportaciones expeditas.

Las leyes de inmigración son federales, por eso los encargados de hacerlas cumplir son los agentes del ICE o del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, llamados comúnmente  como “la migra”.

Se realizan operativos o redadas para la localización de indocumentados, pero regularmente se dan en áreas rurales, en la frontera sur y raramente en las llamadas “ciudades santuario“, criticadas duramente por el presidente Donald Trump.

A pesar de que haya redadas en la vía pública, los abogados de inmigración advierten que ningún funcionario del ICE (Servicio de  Inmigración y Control de Aduanas) u otra agencia puede ingresar a una propiedad privada sin una orden judicial.

Los detenidos tienen el derecho de decir solo su nombre y solicitar un abogado. No están obligados a testificar en su propia contra, entonces no tienen que decir nada más.